No más desapariciones!

Buenas noches a todas y todos

Hoy estamos aquí para recordar a Jaime Gómez y Guillermo Rivera, sindicalistas y activistas de oposición desaparecidos en el 2006 y el 2008 respectivamente. A través de sus historias hablamos de un país que ha vivido el exterminio sistemático de la oposición como estrategia de Estado, y de un periodo histórico concreto, la era Uribe. No es casualidad que ambos padres hayan sido desaparecidos, torturados y asesinados durante el periodo presidencial más largo en la Colombia contemporánea. Signado por la supuesta desmovilización de los paramilitares, escándalos de seguimiento a la oposición democrática por instituciones de seguridad como el DAS, y la parapolítica, entre muchos otros escándalos que dan cuenta de un proyecto político, económico, social y cultural excluyente consolidado durante dicho periodo y que continua en el presente.
En Colombia son miles los crímenes en los cuales, como en el caso de Jaime y Guillermo, la impunidad acompaña cada momento de la historia para esconder a los perpetradores, negar a las víctimas y desconocer las violaciones de derechos humanos de las cuales periodistas, activistas políticos, opositores y defensores de la vida han sido objeto. En nuestro país no existe la justicia, y cuando aparece se convierte en una mofa que castiga levemente los crímenes cometidos, en lo que termina siendo una burla para neutralizar el dolor, la indignación y la rabia. Ya sabemos que recibe un mayor castigo quien roba que un paramilitar que descuartiza o un militar que desaparece.
La impunidad se consolida con el paso del tiempo, ayudando a que el Estado – quien debe ser responsable de garantizar la vida y los derechos fundamentales de quienes habitan su territorio - se limpie las manos. Para que el Estado triunfe impune, tienen que pasar años de silencio, de negación, de amnesia y displicencia frente al horror y frente a nosotros, los hijos y las hijas. La impunidad no implica exclusivamente desconocer los crímenes de lesa humanidad, sino también justificarlos, secundarlos y aceptarlos como parte del devenir normal de una sociedad. Este es un país que sangra mientras muchos y muchas le dan la espalda, y que angustiado grita que la forma de cerrar la herida es con la concreción de “justicia”. Pero, ¿cual justicia? Para nosotras y nosotros no la que hoy nos gobierna.
En ese juego de impunidad, la ética se pierde mientras Colombia se va sumando en la violencia como estrategia para la resolución de conflictos, la violencia como el camino para acallar a las alternativas y a quienes tomaron la decisión de hacer visible lo qué ocurre en el país. Es por eso que para hablar de impunidad hay que hablar de una impunidad estructural ligada al terrorismo de Estado, tendiente a reproducir el estatus quo. La desaparición forzada como forma de terrorismo de Estado no es solamente una vulneración de derechos humanos, hace parte de un transfondo mucho mas profundo.
Si la lucha por el poder político entre sectores dominantes y excluidos no está resuelta, el terrorismo de estado se vuelve recurrente como forma de contención de las posibilidades de cambio. Las estrategias de terrorismo de Estado tienen lugar en un país que vive el conflicto armado, el cual sirve muchas veces de pretexto para justificar crímenes horrendos como el de la desaparición forzada.
Para nosotras y nosotros la impunidad va más allá de la ausencia de castigo. Por un lado constituye una violación de la obligación general que tienen los estados de investigar, juzgar y condenar a los culpables de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos fundamentales. Por otro lado, como lo dice Portillo, la impunidad es también “toda situación objetiva de tolerar y dejar intactas las estructuras y actitudes que han hecho posibles tales crímenes y eludir una responsabilidad elemental frente al futuro, la de salvaguardar los valores básicos de la convivencia civilizada.”
La impunidad en Colombia se caracteriza por la creación de mecanismos que vulneran los derechos de las víctimas dentro de las mismas instancias que se supone deben velar por buscar la verdad dentro de las investigaciones de los crímenes. En cualquiera de las dos historias de nuestros padres es posible demostrar cómo estas instancias han tendido a eludir o desviar la acción investigativa. Es por eso que como hijos e hijas encontramos que la lucha contra la impunidad no solo se limita a buscar mayores resultados de investigación o castigo a los responsables, sino a evidenciar que la impunidad en el país es una estrategia de terror para perpetuar el dolor que causa la violación de los derechos humanos en nuestra sociedad, para permitir la repetición de prácticas como la tortura, el asesinato y la desaparición, e inmovilizar las acciones transformadoras de las injusticias.
Las similitudes que unen los crímenes de lesa humanidad de Jaime y Guillermo - entre otros más que ocurren en Colombia - no tienen que ver sólo con sus trayectorias de vida y lucha, sino también con la impunidad que cubre los hechos de sus desapariciones y asesinatos. En ambos casos es muy clara la acción deliberada del Estado. Sus estrategias se dirigen a negar el derecho a conocer la verdad de los hechos y aplicar la justicia correspondiente.
Como hijos e hijas vemos con preocupación como muta la desaparición forzada en Colombia, de forma que si antes los restos mortales no aparecían, ahora muchos familiares cuentan con ellos pero llevando a cuestas el desconocimiento de las vulneraciones a las que fueron objeto sus seres queridos. En las historias de Guillermo y Jaime, si bien sus despojos mortales fueron encontrados, la impunidad ayuda a configurar un cuadro en el que se niega la desaparición forzada y el status social y simbólico de víctimas de crímenes de Estado. Así es común que se quiera reducir un crimen político a un crimen pasional, y que emerjan otras vulneraciones como la del derecho a la privacidad y el buen nombre, además de las intimidaciones constantes a las que somos objeto los familiares.
Por otra parte, con el conocimiento sobre lo que está pasando en el resto del país en el presente, vemos con alarma como se están generalizando las desapariciones forzadas a todos los líderes sociales y a la ciudadanía en general. Es común, como lo fue en otros contextos de dictadura, que los cuerpos sean arrojados al mar, ríos o selva, que se impida el derecho a enterrar aun en existencia de los cuerpos, y que la desaparición se convierta en una estrategia de distintos actores como los paramilitares aun activos para infundir miedo y desactivar procesos sociales. Por esa razón rechazamos la idea de postconflicto, y hacemos un llamada a ver la realidad actual y el pasado reciente, para constatar que seguimos viviendo un conflicto armado y una guerra sucia. Si nuestros padres fueron desaparecidos en la era Uribe, Sandra Viviana Cuellar - dirigente ambientalista del Valle del Cauca - fue desaparecida durante el gobierno del presidente Santos, en el cual las desapariciones generalizadas están ocurriendo. Por estas razones llamamos a un rechazo público de la desaparición forzada y a hacer visible que es un crimen que trasciende los gobiernos - aunque muta - y que es una política de Estado.
La mayor victoria de la desaparición forzada y sus perpetuadores es la individualización de los casos y la perdida de la mirada colectiva como comunidad y sociedad. La lucha por la desaparición forzada no debe ser exclusividad de los familiares, erradicarla implica combatir la indiferencia social y la responsabilidad política de sectores de la sociedad e instituciones, implica un trabajo colectivo en el que ustedes juegan un papel importante. Implica también la organización y la acción social colectiva.
Shaira y Diana